“En relación al derecho a la propiedad comunitaria que ejercen los pueblos indígenas sobre sus territorios se han incrementado las amenazas en Honduras desde el año 2004, cuando el Congreso Nacional aprobó a instancias del Poder Ejecutivo la denominada Ley de Propiedad. Dicha ley fue impulsada por el Proyecto de Administración de Áreas Rurales (y) financiado por el Banco Mundial, siendo su primer borrador presentado al Congreso Nacional en el año
2003, sin que fuera discutido con los pueblos indígenas. (…). En junio del 2004 la Ley de Propiedad fue aprobada por el Congreso Nacional, siendo el espíritu de su contenido exactamente al de los borradores rechazados por la asamblea comunitaria, donde se incubaban ambiguos artículos relacionados con la disolución de los títulos comunitarios. (…) La política de diluir la propiedad comunitaria por parte de los organismos financieros internacionales, surge de la visión neocolonial de señalar la propiedad comunitaria como un obstáculo para el desarrollo (…). El énfasis otorgado por la Corte Suprema a la visión de libre mercado, al mismo tiempo que deniega el derecho a la consulta de los pueblos y defiende una Ley de Propiedad que, de acuerdo a un análisis efectuado por la misma OIT, viola de forma contundente el Convenio 169 de la OIT, así mismo demuestra una vez más la inexistencia de un estado de derecho, en un país donde la Constitución ha sido violada sistemáticamente (…)”.
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