Desde la bancada de la oposición en el Congreso peruano se ha presentado un proyecto de Ley que Establece la Participación de los Pueblos Indígenas y las Comunidades Campesinas y Nativas en los Beneficios Económicos que Reportan las Actividades Extractivas de Recursos Naturales. Lo promueve la congresista y candidata fallida a Presidenta de la República Kenji Fujimori. ¿Es empezar la casa por la cubierta? Eso parece, pues quiere regularse por ley de lo que debiera ser el último paso de un proceso de consulta conducente al consentimiento de parte indígena en el que puede desde luego incluirse, pero por acuerdo y no por ley, la eventualidad de la participación en beneficios. Es también algo peor, un nuevo subterfugio para burlar el derecho indígena a la consulta y la consiguiente obligación del Estado. No deja margen alguno de autonomía indígena ni durante el proceso ni respecto al resultado. Hasta los beneficios asignados a las comunidades se declaran “recursos públicos” para ponerlos bajo la fiscalización del Estado. Y hay algo peor todavía en esta misma dirección de fraude de ley mediante ley.
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